Vigilancia al uso de recursos públicos en campaña

Si tomamos como un ideal de que la democracia son elecciones libres y competitivas al mejor estilo minimalista de Joseph Shumpeter, entonces creeríamos que todos los candidatos para el Ejecutivo y el Legislativo gozan de las mismas oportunidades para difundir sus propuestas, cumplen con los mismos requisitos ante la ley, juegan en igualdad de condiciones en cuanto a su seguridad, lo mismo en sus intervenciones en los medios públicos y cuentan con los mismos recursos económicos para la campaña. En este sentido, el elemento diferenciador de los candidatos es la calidad de su propuesta, la reputación del candidato, la estrategia de campaña y su equipo de asesores.

En una democracia, en donde cualquier Gobierno no tiene delicadeza en el manejo de los recursos públicos y hace del uso de estos recursos los estandartes de la campaña de sus candidatos, elimina uno de los elementos sustantivos de la democracia, es decir ahí no hay elecciones competitivas. Por lo tanto, para cualquier candidato que no sea oficialista en este escenario, la contienda se le pone cuesta arriba, porque se puede convertir en un enano frente a la maquinaria del Estado. Esta situación no solo es reglamentaria, ante todo es ética. La ciudadanía no soporta que los recursos públicos se transformen en objetivos electorales y, en la mayoría de los casos, intereses personales.

Cuando los recursos públicos pierden su sentido, en la medida de que ciertos funcionarios no los resguardan, no los usan para los fines pertinentes, no rinden cuentas y además emprenden acciones discrecionales con estos, la ciudadanía alimenta el descrédito por la política y las instituciones, ya que los intereses personales, partidistas y grupales están sobre las leyes y sobre  cualquier estándar de honestidad. Esto solo puede llevarnos a un contexto de antipolítica y la búsqueda de fórmulas milagrosas que no siempre son buenas como la elección de outsiders y populistas. Como ciudadanos demandamos que este proceso electoral sea riguroso en la supervisión y sanción del uso de recursos públicos para fines electorales.

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