Ecuador: ¿por qué no a la reelección indefinida?

Solo dos países de América Latina cuentan con la figura de reelección indefinida, Venezuela y Nicaragua. Cinco tienen en sus constituciones la reelección consecutiva por una sola vez, Argentina, Ecuador, Bolivia, Brasil y Colombia. Seis países dan paso a la reelección no consecutiva y diferida, Costa Rica, Chile, Perú, El Salvador, Panamá y Uruguay. Y cuatro países no tienen ningún tipo de reelección, México, Paraguay, Guatemala y Honduras. Es decir, en la mayoría hay reelección, pero de distintas maneras. Esta realidad responde al tipo de democracia que cada pueblo quiere.

En Ecuador, la mayoría oficialista que apoya la gestión del presidente Rafael Correa trata de reformar la estructura del Estado, introduciendo la figura de reelección indefinida en la constitución para todos los cargos de elección popular desde el 2021. Como antecedente, este gobernante está en el poder desde el 2007 y tendría que dejar el cargo al 2017. Es el único presidente que ha gobernado ininterrumpidamente por casi 10 años y ha sido el único electo en primera vuelta. Históricamente, en Ecuador la reelección indefinida es inédita, aunque Velasco Ibarra ocupó la primera magistratura por cinco ocasiones, pero solo terminó un periodo (1952-1956) y dominó la vida política durante 40 años (1930-1970). Eso explica, de alguna manera, que uno de los objetivos de los actores políticos al retorno a la democracia en 1979 fue cerrar el paso a caudillos y crear un auténtico sistema de partidos, cosa que tampoco se logró.

Después de esta digresión, es importante decir que no es lo mismo que una persona tenga la posibilidad de mantenerse en el poder indefinidamente a que solo permanezca por un tiempo determinado y se inscriba en la lógica de la alternancia. Entonces, hay que analizar con mucha cautela aquella pretensión de quienes quieren estar en el poder hasta el último de sus días como un mal remedo de monarcas, como si en el pueblo al que representa no hubiese otra persona con iguales, mejores y mayores cualidades y credenciales, profesionales y éticas. En este sentido, hablar de reelección indefinida supone poner en debate uno de los principios del gobierno republicano, la alternancia o relevo por mandato popular vía elecciones. En el mundo hay evidencias inobjetables del peligro de la reelección para el sistema político y no necesariamente indefinidas.

Para no ir más lejos, cabe recordar los casos de Joaquín Balaguer en República Dominicana (seis veces), Porfirio Díaz en México (siete veces), los casos de Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera en Venezuela (una vez), situación que golpeó aún más la mala salud del bipartidismo y años después, la idea de poder perpetuo de Hugo Chávez y la aparatosa sucesión de Nicolás Maduro, además Alberto Fujimori en Perú (dos veces) y Carlos Saúl Menem (quiso una tercera, pero no llegó porque se retiró de la contienda). Por tanto, la evidencia demuestra que la reelección en sus distintas figuras no es saludable y peor si es eterna.

Cualquier tipo de reelección y, más aún, la indefinida para todos los cargos de elección popular introduce un escenario real de desigualdad en la competencia electoral, pues quien corre por un nuevo mandato usa la maquinaria del Estado en su beneficio y disminuye la posibilidad de su contrincante en temas de logística, prensa, seguridad y oferta. No solo, porque un Estado carece de recursos para llevar a cabo una contraloría en el uso de bienes en la campaña electoral, sino porque el candidato oficialista utiliza su gestión ante quien ofrece una propuesta, no necesariamente obras.

La reelección indefinida es contraria a la reproducción de liderazgos, no solo dentro de los partidos y los movimientos, sino también para toda la sociedad, pues desalienta la legítima participación de las personas frente a un escenario de monopolio de la representación política. Siguiendo este criterio, la reelección indefinida introduce un contexto de personalización de la política, en donde los sujetos que ostentan los cargos públicos indefinidamente están sobre las instituciones y, por lo tanto, se diluye el Estado de Derecho.

La perpetuidad en el poder debilita la contraloría al uso de los recursos y la rendición de cuentas por parte de los mandatarios, ya que el poder acumulado permite la discrecionalidad y el clientelismo, que conjuntamente terminan articulando una red de beneficiarios. La consolidación de redes clientelares aúpa una forma de hacer política que se sustenta en el intercambio de favores antes que en el compromiso ciudadano por las causas sociales.

Es ineludible perder de vista que una propuesta de reelección indefinida en un sistema presidencialista es un cóctel explosivo para la democracia, porque de antemano el Ejecutivo cuenta con poderes que le sitúan por sobre la Asamblea y, en algunos casos, de los organismos de control. Y si a ello, se suma la posibilidad de concentrar más poder, entonces se diluye la lógica de “checks and balances”, pesos y contrapesos, autonomía e independencia de las funciones del Estado.

Respecto de la actuación de la mayoría del oficialismo en la Asamblea nos queda por analizar en profundidad su legitimidad, es decir el respaldo ético del que gozan actualmente por parte de la población y, sobre todo, de quienes los eligieron, más aún si la mayoría de la población dijo –según varias encuestas- que este tipo de reformas a la constitución debía resolverse en un referendo.

Al final, el uso de la figura de reelección en sus distintas modalidades nos dice cómo cada país está pensando la democracia, pues no es lo mismo rotar en los cargos públicos bajo el principio republicano de la alternancia, que instalarse en el poder eternamente. La pregunta que queda por resolver es si Ecuador quiere un escenario similar que en los países en donde hay reelección indefinida, es decir Venezuela y Nicaragua…

Por todo eso, no a la reelección para todos los cargos de elección popular.

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